Participaron de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por Hugo Yasky. Además, presentaron otros documentos y se reunieron con la senadora neuquina Julita Corroza por la reglamentación del Defensor del Pueblo Provincial.
Defensores del Pueblo de distintos municipios de la provincia de Neuquén expusieron en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación sobre los perjuicios que generaría la modificación del régimen de Zona Fría, iniciativa girada por el gobierno nacional y que ya obtuvo despacho por mayoría de las comisiones de Energía y Presupuesto.
Estuvieron presentes el defensor del pueblo de la Ciudad de Neuquén, Gustavo Pereyra; el defensor del pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes, Fernando Bravo; la defensora del Vecino de Centenario, Valeria Caffaratti; el defensor del Pueblo de Zapala, Oscar Vázquez; y el defensor del Pueblo de Villa la Angostura, Sebastián Baltanás.
Además de explicar las preocupaciones y enumerar los daños que traerían estos cambios, los defensores presentaron un documento que contiene una descripción ampliada y fundada desde el punto de vista jurídico, así como propuestas concretas que pueden ser superadoras de la propia ley y que, según indicaron, deberían ser tenidas en cuenta a la hora de una modificación.
“Uno puede tener distintas miradas desde la política, siempre que estén dentro de la democracia y del sistema republicano, pero hay un sentido profundo de la política que no deberíamos quebrar: la política es transformación, no empeoramiento de la situación de las personas. Es decir, la política es proveer al bienestar general, no es empeorar la situación relativa de las personas”, expresó Fernando Bravo, encargado de hablar en representación de las defensorías neuquinas.
“Nosotros pensamos que hay varias razones para pensar que esta modificación que se pretende hacer a las zonas frías es, en muchos sentidos, un empeoramiento de la situación de al menos un millón de personas en nuestra zona patagónica”, mencionó y agregó que la discrecionalidad que se pretende aplicar “está muy próxima a la arbitrariedad, porque el objetivo no es que las personas estén mejor, sino que cierren los números. Eso es muy riesgoso”, sentenció.
Durante su alocución, hizo referencia al concepto de pobreza energética porque, según explicó, el proyecto mide los ingresos nominalmente. “No es lo mismo vivir en un lugar con temperaturas normales que en un lugar donde buena parte de la necesidad de calefaccionar es variable en función de las condiciones climáticas. Se necesita un coeficiente corrector, que no está o no aparece claramente en el proyecto, desde un punto de vista bioclimático”, cuestionó.
Bravo cerró su intervención comentando que, desde hace un tiempo a esta parte, en las Defensorías del Pueblo neuquinas se nota que mucha gente se endeuda para pagar los servicios públicos. “Eso ya es un grado de irracionalidad que merece una mirada profunda, equitativa, federal y, sobre todo, muy humana. Más personas y menos planillas”, cerró.
El grupo de defensores también entregó un pedido de informe para conocer el estado de mantenimiento de las rutas nacionales y financiamiento vial y un documento con aportes sobre el Código Penal. Además, mantuvo una reunión con la senadora neuquina Julieta Corroza (Comunidad), donde se habló sobre la necesidad imperiosa de reglamentar la figura del Defensor del Pueblo Provincial, tal como figura en la Constitución.
